El Ministerio de Interior busca empresas para destruir grandes plantaciones de marihuana

Se busca empresa con la capacidad para desmantelar y destruir grandes plantaciones de marihuana. Presupuesto: 163.000 euros. Razón: Ministerio del Interior (preguntar por Fernando Grande-Marlaska).

Este anuncio, que bien podría haber sido publicado en cualquier portal de demanda laboral, corresponde a una licitación que ha realizado el Ministerio de Interior de España para contar con la ayuda de empresas privadas en el desmantelamiento de grandes plantaciones de marihuana, las que cuentan con más de 10.000 plantas, y que son cada vez más numerosas, según las estadísticas policiales.

Se trata de una medida planteada en el Plan Nacional de Actuación contra la Criminalidad Organizada asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana, presentado el pasado diciembre, donde el ministerio situó como tercer objetivo, precisamente, “favorecer logísticamente la destrucción de las plantaciones de marihuana”, con la finalidad de solucionar uno de los principales problemas logísticos a los que se enfrentan en la actualidad las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que no es otro que el exponencial aumento de las incautaciones de plantas de cannabis en España, un país que está a la cabeza de la producción de marihuana en Europa y que en 2021 intervino más de tres millones de plantas, lo que supone un incremento de casi el 100% respecto al año anterior.

“En el caso de pequeñas plantaciones, son los propios agentes los encargados de desmantelarlas, pero en el caso de las grandes plantaciones se ven imposibilitados para desarrollar dicha actividad” por la falta de preparación y maquinaria, señala el expediente de contratación al que ha tenido acceso el diario El País. Por ello, se hace imprescindible la contratación de empresas del sector privado que con sus conocimientos y medios técnicos estén en disposición de desarrollar estos trabajos.

Las máquinas destructoras de biomasa no son suficientes

Desde 2017, el Ministerio del Interior había apostado por la compra de máquinas destructoras de biomasa, hasta un total de 42 en tres contratos (por algo más de 2.500 euros por cada máquina) para triturar la cada vez mayor cantidad de plantas de marihuana intervenida en operaciones antidroga y, así, triplicar la capacidad que tenía hasta ahora para hacer frente a los problemas que ocasiona la acumulación de estas plantas tanto en almacenes policiales como en las llamadas Unidades Regionales de Custodia y Depósito (URCD).

La Fiscalía antidroga ya alertaba en su última memoria anual sobre los importantes problemas de salubridad que la acumulación de estas plantas estaban provocando en los almacenes donde se custodian hasta que se procede a su destrucción final. El documento del ministerio público apuntaba además a que el problema iría en aumento al alertar sobre “la proliferación de plantaciones de cannabis, especialmente indoor con instalaciones muy sofisticadas”, así como de “su progresivo desarrollo e implantación en todo el territorio”.

Para solucionar un problema para el que, al parecer, las máquinas destructoras de biomasa no dan a basto, Interior ha previsto ahora gastar 163.350 euros en la contratación de empresas capaces de llevar a cabo la destrucción de las plantas, aunque en el pliego de la licitación se admite que esta cifra está sujeta a variaciones al alza, ya que esta estimación del gasto inicial se ha hecho a la vista de las actuaciones policiales de 2021 y, por tanto, “resulta incierta”.

Y es que, según indica el Ministerio del Interior, no se puede concretar el coste de las operaciones de destrucción porque la policía puede encontrarse con cultivos donde las plantas están en distintas fases de desarrollo (no es lo mismo arrancar plántulas de escasos centímetros que árboles de cerca de dos metros) y los lugares de ubicación también plantean problemas, al presentarse desde zonas de fácil acceso junto con otras más complicadas, como barrancos o montes sin caminos transitables.

Interior recuerda también que esta falta de concreción en el precio está sujeta a que los trabajos no serán siempre los mismos, dado que dependen de las instrucciones concretas que en cada caso imparta el juez. Así, señala que, en algunos casos, la Autoridad judicial ordenará cortar las plantas de marihuana y su traslado a un vertedero. En otros, sin embargo, puede ser que la toda la marihuana intervenida se conserve bajo custodia policial, por lo que la empresa deberá triturar las plantas y meterlas en sacas de plástico o cajas hasta que se determine su destrucción.

Un contrato centrado en cuatro zonas geográficas

El ministerio ha dividido el contrato en cuatro lotes dependiendo de las zonas de mayor número de incautaciones, donde el primero corresponde a la provincia de Granada (60.500 euros, más de un tercio del total del contrato) seguida por las correspondientes a las provincias de Almería y Murcia (42.350 euros) y Cataluña (36.300). Finalmente, Madrid y provincias limítrofes contarán con una dotación de 24.200 euros, el de menor importe. La duración de los contratos será de un año y las adjudicatarias empezarán con la destrucción de las plantaciones el próximo 1 de junio, todo ello siempre bajo la supervisión de la policía, de la que recibirán las instrucciones precisas sobre el destino de las plantas.

España ha pasado de 724.000 plantas incautadas en 2016 a casi tres millones en 2021, colocándose en cabeza dentro de la Unión Europea y doblando a Países Bajos. Aunque nuestro país está todavía muy lejos de un país como Turquía, que supera ampliamente en cifras de aprehensión al resto de países del entorno europeo, con más de 42 millones de plantas.

La Fiscalía destaca que, en la actualidad, el tiempo que transcurre entre la incautación de un alijo de cualquier tipo de droga y su destrucción final oscila entre el mes y medio y los tres meses. Fuentes policiales insisten en la necesidad de acortar estos plazos con la marihuana “por los grandes problemas que su almacenaje ocasiona”.

En un principio, las máquinas destructoras de biomasa parecían ser la mejor solución, pero ante el aumento de los cultivos y de las incautaciones, el Ministerio del Interior ha decidido subcontratar con terceros el servicio de destrucción, para así ganar en eficiencia ante un problema que no para de crecer y que ha excedido las capacidades de los funcionarios públicos.